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La despenalización del aborto y el
Según informa el Ministerio de Salud Pública, 15,6% de las muertes maternas en Ecuador se deben a abortos realizados en condiciones de clandestinidad. Aproximadamente 2000 niñas menores de 14 años dan a luz anualmente en el país. A pesar de estas cifras, Ecuador se suma a una larga lista de países "subdesarrollados" que mantienen al aborto como un acto ilegal, en contraste con los países más desarrollados. Sin embargo, en la actualidad, la Asamblea debate la despenalización del aborto en casos de violación, algo que podría cambiar la vida de muchas mujeres y niñas, obligadas a llevar una maternidad no deseada.
"Yo no tenía idea cómo eran los procedimientos. Recuerdo que (el médico) puso una silla al lado de una mesa donde estaba acostada con una lavacara roja. Me puso las piernas en los apoya-piernas y me inyectó anestesia directamente en la vagina y empezó el procedimiento", relata Pamela, nombre protegido de una mujer que cuando tenía 15 años decidió abortar tras quedar embarazada de su pareja, quien la maltrataba.
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Pamela se enteró que en su vientre se gestaba un bebé cuando llevaba más o menos dos meses de embarazo. Luego de buscar decididamente en varios lugares donde pudiera abortar, finalmente optó por hacerlo clandestinamente en un centro médico privado. "Fue súper desesperante tener que ir buscando algo medio decente", cuenta Pamela y agrega "cuando vi que este era un centro de consultorios médicos, tontamente pensé que era lo seguro".
Pamela tiene 25 años y abortó a los 15.
La intervención duró unos 45 minutos y durante todo ese tiempo el médico mantuvo una actitud de apresurado. Antes de eso, el médico la hizo firmar dos hojas en blanco sin ninguna explicación. Cuando terminó, Pamela le indicó que sentía mucho dolor y él, molesto, le dijo que saliera del consultorio. "Me dio mi ropa en una funda de basura, una toalla sanitaria y me dijo que me vaya a cambiar. Cuando regresé, toqué la puerta (del consultorio) y nunca más me abrió".
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A pesar de que Pamela sabía que el aborto era clandestino, nunca recibió mayor información sobre el procedimiento y qué cuidados tener. Como después de una semana seguía sangrando de manera considerable y con dolor, acudió a un centro de planificación familiar. Ahí le hicieron una ecografía y la doctora a cargo le dijo que le habían hecho un degrado demasiado profundo y debía estar hospitalizada. "Entonces yo era muy niña para preguntar o contar a alguien lo que me estaba pasando", reflexiona.
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"Las secuelas no las vi hasta muchos años después cuando me casé y tuve mi hijo por decisión", cuenta Pamela. Las mujeres que tienen un tipo de sangre con RH negativo requieren una vacuna de inmunoglobulina RH para que su cuerpo no rechace al bebé, que tiene posibilidades de tener sangre con RH positivo. "Yo empiezo a tener problemas (con el embarazo) y mi médico me pregunta si yo había tenido otro embarazo. Por primera vez le digo a alguien que sí, que había tenido un embarazo anterior y pudimos salvar el embarazo".
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Aquí puedes escuchar la entrevista completa
"Cuando vi que este era un centro de consultorios médicos, tontamente pensé que era lo más seguro".
¿Por qué el aborto es un tema de salud pública?
Según un estudio de la Oganización Mundial de la Salud (OMS), entre 2010 y 2014 se realizaron 25 millones de abortos peligrosos cada año. Esto es el 45% de un total de 55 millones de abortos anuales.
Entre la salud y la libertad
Foto: Gabriela Endara
El testimonio de Pamela refleja la realidad que atraviesan cientos de mujeres ecuatorianas que deciden abortar porque no pueden o no desean tener hijos, a pesar de que la Constitución respalda los derechos de las personas a elegir cuándo y cuántos hijos tener. Pero las peligrosas condiciones de salubridad que implican los abortos clandestinos es solo una de las preocupaciones.
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Como en el país se mantiene penalizado el aborto, las mujeres que lo hacen se arriesgan a tener que enfrentar a la justicia por hacerlo. Muchos de los abortos clandestinos terminan con complicaciones de salud y por lo tanto las mujeres tienen que acudir a centros de salud para no morir. Y es ahí, en los hospitales públicos, donde los médicos o personas del personal las denuncian si se dan cuenta de que han abortado, según cuenta María Augusta Villa, abogada del centro de apoyo y protección de los derechos humanos Surkuna.
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Esto va en contra del artículo 66, numeral 11, de la Constitución, que otorga el derecho de las personas a mantener en secreto su información personal en torno a la salud y del COIP, que en el artículo 179 sanciona la divulgación del secreto profesional.
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El aborto es una de las principales causas de mortalidad materna en este país. Solo en 2018 se registraron 17 muertes de mujeres por abortos inseguros. En Ecuador se estima que aproximadamente 243 mujeres fueron judicializadas por abortar entre 2013 y 2017. Así lo revela un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y otros colectivos, incluído Surkuna.
Incluso desde el Estado se ha reconocido que los abortos clandestinos son un problema de salud pública y requiere de políticas de estado para solucionarlo. Según el Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017-2021 del Ministerio de Salud Pública (MSP), %15,6 de las muertes maternas se debe a abortos realizados en condiciones de clandestinidad.
En el mismo estudio, el Ministerio recomienda que para reducir la mortalidad materna es fundamental contemplar, entre otras medidas, la "atención del aborto en condiciones de seguridad, asesoría y acceso a planificación familiar y anticoncepción". A esto hay que añadir que, en Ecuador, aproximadamente dos mil niñas menores de 14 años dan a luz anualmente, según reveló el estudio "Vidas Robadas", realizado por la Fundación Desafío.
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"Que sea legal"
Foto: Gabriela Endara
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En Ecuador, actualmente, se encuentra el tema del aborto en la agenda legislativa. La Asamblea Nacional tenía planeado decidir en el mes de junio si se despenaliza el aborto en casos de violación. Esto, luego de que entrara a debate a principios de este año, dentro de las reformas en proceso al Código Integral Penal (COIP).
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Por el momento, el COIP establece que "la mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause" será castigada con una pena que puede ser de seis meses a dos años de prisión. Además, "la persona que haga abortar a una mujer que ha consentido en ello, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años".
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Se establecen únicamente dos casos en los que la mujer puede abortar siendo asistida por un profesional: si corre riesgo la vida de la madre o su salud y si el embarazo es fruto de una violación a una mujer con discapacidad mental.
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Sin embargo, el COIP, en este sentido, contradice a la Constitución, donde se establecen los derechos reproductivos de los y las ecuatorianas. El artículo 66, numeral 10, establece el derecho a "tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener".
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A continuación, la historia reciente sobre el debate de la despenalización del aborto, bajo la causal de violación, en el Ecuador:
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Al mantener al aborto libre de causales como una práctica ilegal, el Ecuador se suma a una larga lista de países latinoamericanos (con la excepción de Uruguay, Cuba y Puerto Rico), africanos y asiáticos y de Oceanía, donde no se reconoce el derecho de las mujeres de decidir si desean tener su bebé ya en gestación. Por el otro lado, entre los países que sí reconocen este derecho se encuentran la mayoría de países europeos, con la reciente incorporación del conservador Irlanda del Norte, Estados Unidos, Canadá e incluso países poco democráticos como Rusia y China. Cabe preguntarse entonces, ¿por qué en los países desarrollados el aborto es legal y en los subdesarrollados, ilegal?
Foto: Gabriela Endara
En primer lugar, hay que considerar la evidente presencia y poder de la Iglesia Católica en los países subdesarrollados. Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para 2012 el 80% de ecuatorianos se identifican como cristianos católicos y el 11% como evangélicos. Es decir, más del 90% de ecuatorianos tienen un sistema de creencias basado en el cristianismo.
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A nivel de Latinoamérica esto se mantiene. Un estudio internacional reveló que un 69% de latinoamericanos es católico y un 19%, evangélico. Es decir un 88% está vinculado al cristianismo. Esto sin duda ha influido en la toma de decisiones legislativas. De acuerdo al último anuario pontificio del Vaticano, un 48% de la población católica se encuentra en el continente americano, mientras que en Europa este número llega solo al 17%. Esto es más significativo aún si se considera que tan solo el 25% de la población norteamericana se identifica como católica, comparado con el 86.6% de latinos.
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Pero para el obispo auxiliar de Quito, Camilo Echeverría, esto no tiene nada que ver. Según él, la despenalización del aborto en los países desarrollados ha sido impuesto. "Las políticas poblacionales, impulsadas desde organismos internacionales, han obligado a las naciones (a despenalizarlo) a cambio de dádivas económicas", dice Echeverría. En otras palabras, los créditos de organismos multilaterales, según él, están sujetos a que los países despenalicen el aborto. Sin embargo, no hay evidencias que respalden lo que dice el clérigo.
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Sin embargo, para otros sectores de la sociedad, esto se debe a que en los países desarrollados existen sistemas democráticos más sólidos. "La idea de democracia en América Latina sigue siendo un sueño", dice la activista y abogada de Aborto Libre Ecuador, Verónica Vera. "En países que son realmente democráticos, el hecho de que una mujer pueda tomar una decisión autónoma sobre su cuerpo ni si quiera se cuestiona", explica Vera y añade que en los países subdesarrollados no se toma a las mujeres como ciudadanas de primera porque no tienen los mismos derechos.
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La concepción que se tiene sobre el aborto en cada país, y por ende su estado legal, es una construcción social. Al menos así lo considera Santiago Castellanos, PhD. en estudios de género. "Si al aborto se construye como el asesinato de un bebé que está por nacer se lo ve como algo negativo. Si al aborto se lo ve como la interrupción de un feto que todavía no es un ser humano, ya puede haber otras opciones".
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"En países más desarrollados las mujeres tienen un estatus más igualitario, más respetuoso", añade Castellanos, con respecto a la diferencia legal existente entre los países desarrollados y aquellos que están en vías de desarrollo. Para él, en los países como Ecuador todavía se considera a la mujer como un objeto de placer y son los hombres quienes terminan tomando decisiones sobre los cuerpos de las mujeres.
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Con él concuerda Giuliana Zambrano. Una académica que se especializa en temas de Derechos Humanos. Según ella, el hecho de que sean los hombres quienes tomen las decisiones sobre los derechos de las mujeres se debe a la historia de los países subdesarrollados. En el caso de Latinoamérica, nuestra historia está ligada al pasado colonial. "Desde siempre fue un colonialismo que controló los cuerpos, sobre todo los cuerpos de las mujeres en términos médicos y legales."
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Para Zambrano, "el acceso a un aborto libre, seguro y gratuito, es el que permite para muchas mujeres la vida misma, una vida libre (sin ser criminalizadas) y la vida digna", es decir "el derecho a decidir tu proyecto de vida. A que ese proyecto no esté marcado por una maternidad forzada, muchas veces producto de la violencia". Por este motivo, Zambrano considera que el derecho a abortar es un derecho humano fundamental.
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Por el momento, el debate está abierto y se espera que la Asamblea tome una decisión al respecto. En un principio se anunció que el debate se retomaría en junio, cosa que no sucedió. De aprobarse la despenalización del aborto en caso de violación en el pleno, esto deberá pasar después a las manos del presidente Lenín Moreno, quien no se ha pronunciado públicamente sobre el tema. No obstante, dentro de su gabinete se encuentran mujeres feministas que abogan por la despenalización, como María Paula Romo, ministra de Gobierno y quien se ha convertido en la principal vocera del gobierno actual. Resta esperar a ver qué decide el pleno y si Moreno actúa igual que su antecesor y ahora enemigo político, Rafael Correa.
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